miércoles, 17 de junio de 2009

EDUCACIÓN// Europa Laica acusa a la Conferencia Episcopal de manipular datos y engañar a la opinión pública

La Conferencia Episcopal afirma que los centros educativos concertados católicos ahorran 3.372 millones de euros al Estado
Tras las declaraciones del vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Giménez Barriocanal, que ha afirmado hoy que la Iglesia Católica ahorra al Estado 3.372 millones de euros en centros educativos de su titularidad, pues éste gastaría mucho más si tuviera que atender por su cuenta estas obligaciones educativas, la asociación estatal Europa Laica acusa a la Conferencia Episcopal de engañar a la opinión pública, al manipular deliberadamente los datos.
En el cálculo del coste de la plaza de un alumno escolarizado en un centro concertado, la Conferencia Episcopal no contabiliza el sostenimiento de los funcionarios del Ministerio de Educación y de las Comunidades Autónomas que realizan gestiones para todo el alumnado, las becas, los inspectores de educación, los servicios de orientación, la financiación de los libros de texto en aquellas comunidades donde son gratuitos, la formación del profesorado, los programas de refuerzo, orientación y apoyo, los servicios complementarios y muchos más servicios, que son sostenidos por el Estado.
El dinero que reciben estos centros escolares privados en el modulo de concierto por parte del Estado se destina sólo al mantenimiento del centro y al pago de los salarios del profesorado. La Conferencia Episcopal divide ese dinero entre el número de alumnos que escolarizan sus centros, y omite todos estos otros conceptos. Sin embargo, la Conferencia Episcopal sí contabiliza todos estos conceptos en el cálculo del coste de una plaza de un alumno escolarizado en una escuela pública. Por lo tanto, la Conferencia Episcopal manipula los datos con el objetivo de confundir a la opinión pública.
Otro elemento importante a tener en cuenta es la existencia de centros escolares públicos en zonas rurales, centros con muy pocos alumnos, y cuyas plazas conllevan un mayor coste para el Estado (pocos alumnos por aula, transporte escolar, etc.) Sin embargo, los colegios privados-concertados de ideario católico no tienen ningún interés por estar presentes en aquellas zonas rurales. Si comparamos exclusivamente el coste de una plaza escolar pública y otra concertada en un núcleo urbano el coste es similar.
La Conferencia Episcopal también omite que cobra a las familias que escolarizan a sus hijos en dichos centros por distintos conceptos (pago a fundaciones, reformas en el centro, empresas que realizan actividades extraescolares, etc.), a pesar de recibir dinero público para impartir una educación totalmente gratuita. De esta manera, logran también que las familias de nivel socioeconómico bajo no se escolaricen en la mayoría de sus centros.
Por último, Europa Laica espera una respuesta de los sindicatos y de las Administraciones del Estado a las declaraciones del vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. De no ser así, le estarían dando la razón y deberían renunciar a las tareas públicas que tienen asignadas, para que fueran mejor gestionadas por las organizaciones dependientes de la Iglesia Católica.

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